Fiscalización de Comercio Ambulante: Retos y Buenas Prácticas

El comercio ambulante es una actividad que, si bien puede aportar dinamismo económico y acceso a productos a bajo costo, también plantea desafíos significativos para la gestión urbana, la seguridad pública y el ordenamiento comercial. Su fiscalización efectiva requiere un equilibrio entre el respeto de los derechos de los trabajadores informales y la protección de los intereses de la comunidad y del comercio establecido.

Principales retos de la fiscalización

1. Informalidad y movilidad constante
El carácter itinerante de los vendedores dificulta su identificación y registro. La ausencia de patentes o permisos formales hace que su localización sea variable y poco predecible.

2. Espacio público limitado
La ocupación de calles y veredas puede obstaculizar la circulación peatonal y vehicular, aumentando el riesgo de accidentes y afectando la imagen urbana.

3. Competencia desleal
El comercio informal evade impuestos, patentes y obligaciones legales, generando una competencia desigual con el comercio establecido.

4. Conflictos sociales
Los operativos de decomiso y retiro suelen generar tensiones entre los fiscalizadores, los comerciantes ambulantes y la comunidad, por lo que deben ejecutarse con criterio y respeto.

5. Productos de dudosa procedencia
La venta de productos falsificados, robados o sin estándares sanitarios representa un riesgo para los consumidores.

Buenas prácticas en la fiscalización

1. Enfoque interinstitucional
Coordinar acciones entre municipios, carabineros, servicios de salud y entidades de seguridad ciudadana permite una fiscalización más integral y eficiente.

2. Registro e identificación progresiva
Desarrollar catastros de comerciantes recurrentes para evaluar eventuales regularizaciones y facilitar el control.

3. Comunicación preventiva
Informar con anticipación sobre operativos y alternativas formales de comercialización reduce la conflictividad y promueve el cumplimiento voluntario.

4. Programas de regularización
Ofrecer ferias autorizadas, permisos provisorios y capacitaciones facilita el tránsito hacia la formalidad y disminuye la presión sobre los espacios públicos.

5. Enfoque con perspectiva social
Considerar la situación socioeconómica de los comerciantes y articular redes de apoyo (programas de emprendimiento, asistencia social) ayuda a abordar el problema de raíz.

6. Fiscalización gradual y proporcional
Aplicar medidas en forma escalonada, privilegiando el diálogo, el retiro voluntario y sólo en última instancia el decomiso, fortalece la legitimidad de la acción fiscalizadora.